Giro en la causa del agro-influencer: imputaron por defraudación y abuso de confianza y no por robo al empresario que se llevó el ganado

La Justicia le prohibió salir del país a Nicolás Coscia y rechazó imponerle una fianza millonaria. La defensa sostiene que se trata de un conflicto entre socios


La investigación por el faltante de ganado denunciado por el influencer agropecuario “La Joya Agro” dio un giro clave este lunes: el joven empresario Nicolás Coscia fue imputado por defraudación y abuso de confianza, y no por robo.

Según detalló el fiscal Ramiro Martínez, Coscia habría “dispuesto ilegítimamente de animales vacunos” en su rol de encargado del cuidado de hacienda ajena, abusando de la confianza depositada en él y del vínculo comercial que mantenía con la víctima.

La audiencia imputativa se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución y fue presidida por la jueza Marisol Usandizaga, quien dispuso la prohibición de salida del país para el acusado por un plazo de 90 días.

El caso había tomado fuerte repercusión pública debido a que el denunciante es Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, lo que impulsó la viralización del hecho y una amplia cobertura mediática durante el fin de semana.

Con el avance de la investigación, la causa comenzó a cambiar de enfoque: los animales fueron hallados en poder de un productor de la zona de Chabás, quien los había adquirido de buena fe y con la documentación correspondiente, tras una operación realizada el 25 de febrero a través de una consignataria.

Este dato resultó clave para que la hipótesis inicial de robo diera paso a la sospecha de un conflicto interno de tipo comercial o societario.

De acuerdo al informe fiscal, Coscia mantenía un acuerdo verbal de pastaje en el establecimiento rural “La Cañada”, en Santa Teresa, con el titular de la firma Agrotranquera. En ese marco, habría utilizado su posición para disponer de los animales sin autorización, actuando a través de la firma Agroganadera del Este.

En esa línea, la fiscalía sostuvo que el 25 de febrero se concretó la venta de 161 bovinos mediante una consignataria: 104 animales fueron destinados a la firma Agrolap y otros 57 al Establecimiento P.V.G. S.A.S.

Para llevar adelante la operatoria, se habrían gestionado documentos de tránsito electrónico (DT-e) ante el Senasa, en los que la hacienda fue declarada como propia de Agroganadera del Este, pese a que el imputado no contaba con autorización para disponer de esos bienes. Esto permitió el traslado del ganado desde Santa Teresa hasta un predio en Chabás, donde fue entregado a los compradores.

Siempre según la acusación, el 17 de marzo Coscia volvió a presentarse en el Senasa para tramitar nuevas guías de traslado por un total de 190 bovinos, esta vez a nombre de Agrotranquera y sin el aval de su titular.

Para los investigadores, esta maniobra no se correspondía con la existencia real de esa cantidad de animales, sino que buscaba dar apariencia de continuidad a la operación ya realizada. La gestión fue detectada y anulada ese mismo día por el damnificado.

Como resultado de estas acciones, se considera que 161 animales fueron retirados del establecimiento y trasladados sin el consentimiento de su propietario, concretando así la disposición ilegítima del ganado.


 

Los animales fueron finalmente localizados el 20 de marzo en predios rurales de firmas de la zona de Chabás, donde se comprobó su identidad a partir de marcas y señales. Para la fiscalía, el perjuicio económico se configuró al momento de la venta y traslado de los bovinos, más allá de que luego hayan sido recuperados.

“De este modo, mediante el abuso de la relación de confianza preexistente, la ocultación del verdadero destino de la hacienda y la utilización de documentación oficial para encubrir la maniobra, el imputado produjo un perjuicio patrimonial a la firma Agrotranquera”, concluye la imputación.


 

Por su parte, la consignataria rosarina Aguirre Vázquez, que intervino en la operación de venta al comprador de buena fe, emitió un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de la maniobra. Además, adelantó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía y ratificó su disposición a colaborar con la investigación, remarcando su compromiso con la transparencia.


La palabra de la defensa

El abogado defensor de Coscia, Pablo Morosano, cuestionó la postura del denunciante y señaló inconsistencias en su relato. Según indicó, en un primer momento se habló de un robo en redes sociales, mientras que en sede judicial se planteó una venta sin autorización. “Lo que se veía en las redes era un circo”, afirmó.

El letrado sostuvo que existen elementos que demostrarían que Riboldi estaba al tanto de la operación y remarcó que la venta se habría realizado con la documentación correspondiente.
Además, aseguró que no se trata de un vínculo ocasional, sino de una relación comercial previa: sería el tercer ciclo de trabajo conjunto entre ambas partes, donde Coscia tenía a su cargo el cuidado y engorde del ganado antes de su comercialización, con reparto de ganancias entre socios.

En esa línea, planteó que su defendido sería el principal perjudicado, ya que —según afirmó— la hacienda aún no fue abonada. “Hay cheques circulando”, indicó, al tiempo que remarcó que el trabajo productivo ya había sido realizado y que los animales, con mayor peso, regresarían al denunciante.

Para Morosano, también resulta clave que su cliente se haya presentado ante la Justicia, que la fiscalía no haya solicitado prisión preventiva y que se rechazara el pedido de una fianza de 20 millones de pesos.

“Ahora vamos a pedir que se desestime la denuncia, porque tenemos elementos para acreditar que Riboldi sabía perfectamente desde febrero que Coscia iba a poner en venta las vacas”, concluyó.

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