Santa Fe tendrá ficha limpia para proveedores y contratistas del Estado

La Legislatura convirtió en ley una iniciativa que impide a la Provincia contratar a personas o empresas con antecedentes penales. La norma alcanza a obras públicas, compras de bienes y prestación de servicios.

La Legislatura de Santa Fe aprobó de manera definitiva la ley de ficha limpia para proveedores y contratistas del Estado provincial. La iniciativa, impulsada por la diputada Lionella Cattalini, establece nuevos requisitos para quienes deseen participar en procesos de contratación pública y busca fortalecer la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

La sanción llegó luego de que la Cámara de Diputados ratificara las modificaciones incorporadas previamente por el Senado. El proyecto ya había obtenido media sanción durante 2025, pero debió regresar a la Cámara baja para su aprobación definitiva.

A partir de la nueva normativa, todas las personas o empresas que participen en licitaciones para obras públicas, compra de bienes o prestación de servicios deberán acreditar que no poseen antecedentes penales mediante la presentación de un certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

El requisito no solo alcanzará a personas físicas, sino también a socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización de empresas, representantes legales de uniones transitorias de empresas y miembros de las sociedades que integren esas estructuras.

Alcance de la nueva ley

La normativa establece que la falta de presentación del certificado será motivo suficiente para rechazar una oferta. Además, antes de adjudicar un contrato, la autoridad competente deberá verificar la vigencia de la documentación presentada a través de mecanismos electrónicos o digitales.

Entre los antecedentes que impedirán contratar con el Estado provincial se encuentran delitos de corrupción y contra la administración pública, delitos económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y otros contemplados en el Código Penal.

Al destacar la aprobación del proyecto, Lionella Cattalini comparó la nueva legislación con la situación que, según señaló, se registra a nivel nacional en la denominada causa de los cuadernos de la corrupción. La legisladora sostuvo que varios empresarios investigados por ese expediente actualmente participan como contratistas de rutas nacionales concesionadas por la administración del presidente Javier Milei.

En los fundamentos de la iniciativa, Cattalini remarcó que las contrataciones públicas deben desarrollarse bajo criterios de eficiencia, transparencia y control ciudadano, y consideró incompatible con esos principios que personas o empresas con antecedentes penales accedan a contratos financiados con recursos estatales.

Con la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo provincial podrá suscribir convenios de cooperación técnica para implementar los mecanismos de control y verificación previstos por la nueva normativa.